El PSOE dice que la okupación «no es un problema que genere temor a los españoles»

El PSOE considera que la okupación «no es un problema» para los españoles. Así se ha pronunciado la portavoz adjunta socialista, Isaura Leal, preguntada por la polémica Ley de Vivienda, que carga de obligaciones al propietario que quiera recuperar un inmueble ocupado.

«Los españoles tienen un problema de acceso a la vivienda, pero lo que no tiene la sociedad española es un problema con la okupación ilegal de vivienda», ha aseverado.

Leal ha considerado que «en ningún caso, el problema de la okupación ilegal por mafias criminales a viviendas desocupadas propiedad de grandes tenedores y fondos buitres o bancos es un problema que esté generando mayoritariamente temor a la sociedad española».

Así, ha acusado al Partido Popular de «irresponsabilidad» por «alimentar un debate tergiversado» sobre la futura Ley de Vivienda, que retrasa extraordinariamente los plazos para que un propietario pueda recuperar su inmueble. La norma, pactada entre Pedro Sánchez y sus socios habituales,  no hace distinción entre si la vivienda está ocupada por inquilinos que no pagan el alquiler o por aquellos que acceden de forma ilegal. En definitiva, los okupas podrían acogerse al mismo procedimiento, que obliga al propietario a demostrar que usan el inmueble como «vivienda habitual» o si se encuentran o no en situación de vulnerabilidad.

La portavoz socialista ha minimizado el problema de la okupación, atribuyéndola a la «actuación de mafias criminales» en viviendas que «se encuentran desocupadas» y «que en el 99,5% de los casos son propiedad de bancos o de grandes tenedores, no particulares».

«Hay que diferenciar ese 99,5% de ocupaciones ilegales, con la patada en la puerta, y que a su vez generan problemas de convivencia en el entorno y en el vecindario, con un 0,5% de ocupaciones de viviendas que afectan a propietarios, particulares y que mayoritariamente están siendo ocupadas por personas en estado de necesidad», ha afirmado Leal.

La portavoz del PSOE ha considerado así que «hay una voluntad decidida por parte del PP de tergiversar el debate con la aprobación de una Ley de Vivienda que reconoce un derecho ciudadano, y una voluntad clara de enturbiar, hacer ruido en torno a una falsa realidad». «El PP está difundiendo una realidad que sólo existe en sus argumentarios y no en la sociedad española», ha reprochado.

Blinda a los okupas

La ley carga de burocracia el procedimiento de desahucio, exigiendo numerosas obligaciones a los propietarios que quieran recuperar la posesión de su vivienda.

«Será el dueño quien deba especificar en la demanda si es o no un gran tenedor y si el inmueble que quiere recuperar constituye vivienda habitual de la persona ocupante». Si asegura que no es un gran tenedor -aquel que tiene más de cinco viviendas-, la norma le obligará, para «corroborarlo», a presentar una «certificación del Registro de la Propiedad en el que conste la relación de propiedades». En el caso de que el dueño sea un «gran tenedor» tendrá que especificar si quien está ocupando el inmueble es o no vulnerable.

Para ello, deberá presentar un documento «de vigencia no superior a 3 meses, emitido, previo consentimiento de la persona ocupante de la vivienda» por los servicios autonómicos y locales competentes. En caso de no recibir ese consentimiento, la ley le obliga a un nuevo trámite: presentar un «documento acreditativo que indique que la persona ocupante no consiente expresamente el estudio de su situación económica». 

Es decir, en último término, todo el procedimiento quedará en manos de los servicios sociales. Si su solicitud no es atendida, el propietario podrá emitir una «declaración responsable» en la que indique que ha acudido a estos servicios «en un plazo máximo de 5 meses de antelación a la presentación de la demanda, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los trámites correspondientes en el plazo de dos meses desde que presentó su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma».

La Ley de Vivienda será aprobada previsiblemente este jueves en el Congreso tras el acuerdo alcanzado por Sánchez con ERC y Bildu. El acuerdo, además, impone numerosas restricciones a los propietarios, limitando por ejemplo la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024. A partir de 2025, «se creará un nuevo índice, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual».